Además del medio de transporte más eficiente, divertido y sustentable, la bici es también un vehículo de transformación social. Con una mirada crítica de las políticas públicas, una mirada desde la perspectiva de la calle, los colectivos de ciclismo urbano reivindican su “poder configurador del proceso de urbanización” (en palabras de David Harvey), que no es otra cosa que el reclamo del derecho a la ciudad.

Con la reciente adhesión de Europa, el Acuerdo de París emanado de la COP21 en diciembre de 2015 entrará en vigor oficialmente antes de que la COP22 inicie a finales de noviembre próximo en Marruecos. Sin embargo, el planeta continúa rompiendo mes tras mes las marcas históricas de temperatura global. La suma de las contribuciones nacionales comprometidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero nos llevará a un incremento de temperatura estimado en 3 grados para finales de este siglo. La ciencia ha demostrado que este calentamiento se relaciona directamente con nuestra excesiva dependencia en los combustibles fósiles.

Ciclista Un Auto Menos

En México el sector transporte es el principal emisor de gases de efecto invernadero, los automóviles privados aportan el 18% de las emisiones, y muy a nuestro pesar continúa prevaleciendo un modelo urbano que incentiva el crecimiento desorganizado de las ciudades y privilegia a los autos sobre las personas.

Tanto el cambio climático como la construcción de ciudades accesibles e incluyentes son un asunto de justicia social. En un sistema económico marcado por la desigualdad y por una obsesión con el crecimiento por el crecimiento mismo, los sectores más vulnerables de la población son quienes sufren los peores impactos de problemas que contribuyeron muy poco a crear. Y si los gobiernos no son capaces de aportar soluciones, la acción queda en manos de las personas.

Las ciudades que deberíamos tener

Mujer en bicicleta con cubrebocas

 

México no podrá cumplir sus compromisos internacionales si no hay una transformación de la forma en que nos transportamos. Y no sólo en cuestión cambio climático. El objetivo 11 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible es “lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles”; mientras que en octubre se acordará la nueva agenda urbana global en la conferencia Habitat III, en Quito, centrada en ciudades sostenibles y asentamientos humanos incluyentes. Todos estos acuerdos internacionales incluyen referencias a la necesidad de impulsar un transporte público de calidad, formas de movilidad sostenibles, acceso universal y una visión del desarrollo que nos aleje de la dependencia en el carbón, el petróleo y el gas como fuentes primarias de energía.

Otra iniciativa global que ha tenido un impacto reducido, a pesar de la magnitud de la problemática, ha sido el Decenio de Acción para la Seguridad Vial, cuyo objetivo se planteó como estabilizar y reducir el número de víctimas de los siniestros de tránsito en todo el mundo (el texto de la ONU habla de “accidentes”, pero dado que la mayoría serían evitables, me permito actualizar la redacción).

Un asunto de justicia

No a energía nuclear

Pareciera entonces que a estos grandes acuerdos internacionales los rige el principio del mínimo común denominador: los países asumen el menor compromiso posible. En algunos casos, las comunidades, los gobiernos locales e incluso el sector privado son capaces de llevar a cabo medidas mucho más ambiciosas y por encima de las bajas metas proyectadas; en otros, ni siquiera esos mínimos objetivos se llegan a cumplir (en México, la Reforma Energética continuará fomentando la expansión de los hidrocarburos e incorporando tecnologías de alto riesgo como el fracking y la nuclear, a pesar del enorme potencial que nuestros recursos naturales ofrecen para producir energía renovable).

Más allá de un problema medioambiental, de industrias mal reguladas o de incapacidad técnica para el diseño urbano, todos estos incumplimientos se convierten en un asunto transversal, de justicia social: Las grandes infraestructuras centradas en el auto particular generan barreras urbanas, impiden un acceso equitativo al espacio público, incrementan los riesgos para mujeres, adultos mayores, personas con discapacidad; en tanto que los subsidios a la gasolina y a la producción de combustibles fósiles representan una asignación injusta de los recursos públicos en beneficio de las personas con mayor poder adquisitivo y de empresas irresponsables que desde hace medio siglo sabían lo que las emisiones de CO2 elevarían peligrosamente la temperatura de nuestro planeta.

Así como los impactos de un planeta cada vez más caliente se hacen más evidentes en forma de incendios forestales, sequías y tormentas más violentas, los movimientos ciudadanos de base debemos crecer y fortalecernos para ser más activos, más vocales y más influyentes para reducir la dependencia de las y los mexicanos en sus automóviles y en los hidrocarburos que éstos queman. Los subsidios al petróleo, las enfermedades respiratorias y los siniestros viales nos están matando, a todas y todos. Esa es la batalla que las organizaciones ciclistas hemos asumido, y la que peleamos cada día en nuestras ciudades.